Pasaron casi 11 meses desde la perturbadora muerte del albañil, a bordo de un móvil del SPC. Todavía el gobierno provincial no responde los pedidos de informe presentados en la Unicameral, por la legisladora Liliana Montero. El miércoles insistió para obtener respuesta.

El caso Jonathan ya llegó a la Legislatura, con la presentación de un pedido de informe para que el gobierno informe sobre los detalles de su cruel fallecimiento en el día más caluroso del año.

Falleció de un paro cardíaco a bordo de un móvil de traslados del Servicio Penitenciario de Córdoba, en el día más caluroso del año. Fue por una descompostura mientras era llevado desde el Complejo de Bouwer hacia Tribunales 2.

La víctima era Jonathan Nicolás Centeno, un muchachos de 22 años, laburante, querido en su barrio Villa Libertador, quien sólo tres días antes había sido detenido a pocos metros de su casa, por resistencia a la autoridad.

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La increíble muerte de este joven albañil fue cronicada por este medio el 9 de febrero, es decir, sólo cuatro días más tarde, rompiendo el círculo de silencio que la había envuelto. Seis días más tarde, el 15 de ese mismo mes, la legisladora Liliana Montero presentó un pedido de informe ante la Unicameral, para que el Ministerio de Justicia informe acerca de lo sucedido.

Sin embargo, a diez meses, una semana y seis días de aquel pedido, todavía la autoridad de la cual depende el Servicio Penitenciario no ha respondido ni una sola palabra.

“No nos explicamos bien cuál es la razón por la cual el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos no pudo o no quiso responder este pedido de informe”, señaló Liliana Montero.

En verdad, lo único que tenía que hacer el gobierno era dar cuenta de las acciones que hubiera tomado frente a un hecho trágico bajo su órbita, la muerte de un pibe de 22 años”, dijo la legisladora.

Fue el miércoles último, durante la sesión de la Legislatura, cuando volvió a insistir por su pedido ante la autoridad de aplicación de la cual dependen las cárceles cordobesas.

“En verdad, lo único que tenía que hacer el gobierno era dar cuenta de las acciones que hubiera tomado frente a un hecho trágico bajo su órbita, la muerte de un pibe de 22 años”, dijo la legisladora.

En su discurso de poco más de 12 minutos, Montero citó en varias ocasiones el informe de ENREDACCIÓN, señalando que con frecuencia crónica este tipo de episodios que no se ven en otros medios.

La legisladora provincial, Liliana Montero, autora del pedido de informe, volvió a insistir para que el Ministerio de Justicia responda.

ERA MUY SIMPLE

Luego de recordar los pormenores del episodio, del cual tampoco la justicia ha logrado avanzar casi nada, y de calificar “un horror” las situaciones que viven los internos durante los traslados, la representante recordó que Argentina es firmante, desde el año 1986, de la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes Y enfatizó, por si hiciera falta, que trasladar a presos esposados de pies y manos cuando tienen que cumplimentar determinadas tareas judiciales “es considerado un trato degradante e inhumano”.

Añade montero que el pedido de informe “era muy simple”, señalando que sólo tenía el propósito de saber “cuándo había tomado conocimiento el Ministerio de Justicia sobre este tema, que adjuntara el último parte médico realizado antes del fallecimiento, y que detallara las razones dela muerte, según consta en el certificado médico. También pidió que se consignara la condición de salud del resto de los internos que viajaban en ese móvil y finalmente que detallara si había tomado intervención el Tribunal de Conducta Policial ante eventuales otras denuncias similares.

A casi once meses del episodio, no ha habido ni una sola respuesta. “Ni siquiera fueron capaces de responderme que no”, se quejó ante sus pares Montero.

PONER EN EVIDENCIA

Cerca del final de su intervención, Montero insistió en que “la condición de privado de la libertad, por las razones que fuera, no habilita al Estado, bajo ninguna circunstancia, a violar los derechos más elementales que hacen a la dignidad humana”.

Y sobre el caso Centeno, concluyó que “la falta de respuesta por parte de la autoridad competente no hace más que poner en evidencia que hay algo que no estuvo bien”. En tal sentido, especuló que “si hubiese sido correcto el proceder del SPC en ese día, si Jonathan no hubiese estado golpeado ante los ojos de quienes lo recibieron en el hospital y dijeron que tenía diferentes marcas en su cuerpo, si no hubiese responsabilidad alguna por parte de quienes debieron velar por su integridad, con total seguridad del Ministerio de Justicia hubiera dado respuesta a este pedido”.

Si hubiese sido correcto el proceder del SPC en ese día, si Jonathan no hubiese estado golpeado ante los ojos de quienes lo recibieron en el hospital y dijeron que tenía diferentes marcas en su cuerpo, si no hubiese responsabilidad alguna por parte de quienes debieron velar por su integridad, con total seguridad del Ministerio de Justicia hubiera dado respuesta a este pedido”.

En esa línea argumental, Montero consideró: “Pero si no nos han respondido, es porque no estabna bien las cosas. Y claramente también porque al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de Córdoba, le importa nada lo que esta Legislatura le pregunte”, concluyó.

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