Dijo que con la reglamentación se pueden solucionar la objeción de conciencia institucional. Mientras que el misoprostol podría ser financiado a través de los programas de salud sexual y reproductiva.

El ministro de Salud de la Nación, Adolfo Rubinstein, durante su exposición ayer en el Senado.

El ministro de Salud de la Nación, Adolfo Rubinstein, jugó todas sus fichas en su exposición en el Senado, ayer. Una parte de su intervención estuvo destinada a dejar sin oxígeno político a la iniciativa de los senadores de Córdoba, que si logra adeptos, postergaría y hasta pondría en peligro la aprobación de la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo que tiene media sanción en Diputados.

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Rubinstein prometió que la Nación podría financiar el misoprostol -una droga abortiva- en los programas de salud sexual y que la objeción de conciencia institucional sería parte de la reglamentación de la ley. Con esos dos planteos trató de persuadir a los indecisos para que voten la ley ahora. Lo haría a través de la reglamentación de la ley, algo que obligaría al presidente Mauricio Macri a tomar un lugar diferente al actual, en el que se recuesta exclusivamente sobre la idea de garantizar el debate. Las expresiones de Rubinstein indicarían que el presidente le dio el aval a esta jugada.

El proyecto aprobado en la Cámara de Diputados contempla en su artículo 15, la objeción de conciencia individual para los médicos, pero prohíbe expresamente esa objeción para las instituciones, algo que despertó cuestionamiento de los senadores a partir del lobby de las clínicas privadas. “He tenido la oportunidad de conversar con directivos de muchas instituciones privadas, confesionales, cuya preocupación por este tema era muy grande. Me parece un argumento absolutamente atendible y es un tema que se tiene que abordar. Creo que ese tema se puede trabajar en la reglamentación. Vamos a convocar a las instituciones confesionales para buscar una solución que concilie y permita viabilizar la aplicación efectiva de esta ley”, explicó.

Entre los que maniobran buscando una salida que recoge distintas problemáticas, están los tres senadores cordobeses: Laura Rodríguez Machado, Ernesto Martínez, y Carlos Caserio. Proponen un dictamen con modificaciones, entre ellas un subsidio a las provincias, para que puedan responder a la demanda; y permitir que las clínicas religiosas se excusen de intervenir (la objeción de conciencia institucional).

También pidieron bajar de 14 a 12 semanas de gestación como límite para habilitar el aborto, pero el ministro fue aspero en su respuesta: es un tema “superfluo. Se toma ese plazo porque muchos adolescentes demoran en hablar”, lanzó.

Por su parte, el senador rionegrino y titular del bloque Argentina Federal, Miguel Ángel Pichetto, afirmó que “la otra posibilidad es que haya un veto parcial”.

LO QUE DIJO RUBINSTEIN

Reiteró que en los países con esta ley, los abortos disminuyeron y explicó que en Argentina eliminar las intervenciones clandestinas significarán un ahorro millonario.

Llego a esa conclusión al estimar que existen 354 mil abortos fuera del sistema, sólo el 70% farmacológicos, el 20% con profesionales y el 10% con personal no calificado, o sea, “curanderos”.

El gasto estimado sería de 4.078 millones de pesos “y todo de bolsillo”, mientras que si es legal, los hospitales provinciales no gastarían más 678 millones. “Si la ley es sancionada el 90% de los abortos serían farmacológicos y con un costo mucho más bajo. La reducción de las internaciones sería la gran diferencia”.

“El aborto es un asunto de salud pública porque produce muertes evitables, sobre todo en mujeres jóvenes y con alta vulnerabilidad social”, explicó.

El aborto es un asunto de salud pública porque produce muertes evitables, sobre todo en mujeres jóvenes y con alta vulnerabilidad social”.

“Como ministro fijo mi posición de salud pública sobre el tema. Yo no expresó mi opinión personal. Son los datos. El problema existe, afecta poblaciones vulnerables y la legalización produce resultados inmediatos”, señaló en una de sus respuestas al cuestionamiento sobre los datos y su punto de vista.

Aseguró que es posible incluir las erogaciones farmacológicas “entre los insumos de los paquetes de salud sexual y productiva. Pero es un costo bajo respecto a lo que ya están gastando las chicas”.

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