Desde su estudio particular tramitaba causas previsionales contra el organismo en el que era funcionaria. Un taxista que se quería jubilar y contrató sus servicios, la denunció. La acusada esgrime persecución ideológica: es militante de Unión por Córdoba y se reconoce cercana a Schiaretti.

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El Tribunal Oral Federal N°1 comenzará a juzgar el próximo martes a una abogada de ANSES Córdoba que, mientras se desempeñaba como Asesora de Proyectos Especiales tramitaba causas previsionales desde su estudio particular, en contra del organismo en el que trabaja. Se trata de Marcela Ilda Flores, de 55 años, quien llega a juicio imputada del delito de “negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública”, un delito que prevé reclusión o prisión de uno a seis años e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos.

De acuerdo con la elevación a juicio, la abogada de 55 años realizó esa doble función desde 2007 y hasta fines de 2012, cuando fue denunciada por uno de sus clientes, un taxista que acudió en octubre de 2011 a su estudio para solicitar la gestión de una jubilación, sin saber que la misma persona se desempeñaba como funcionaria en el Anses.

Como pago por el servicio, el denunciante debía entregarle a Flores los dos primeros meses de sus haberes jubilatorios, una vez que comenzara a cobrar. Pero al hombre, el trámite se le hizo largo: la jubilación le salió recién a mediados de 2013, ya con Flores investigada por la Justicia. Los dos sueldos o un equivalente al 10 por ciento del retroactivo es el monto establecido por ley que los gestores pueden cobrar: en este caso, el delito radicaría en que Flores estaba “de ambos lados del mostrador”. En el expediente, otras tres personas declaran haber acudido con los mismos fines al estudio de Flores en años anteriores.

El fiscal Maximiliano Hairabedian será el encargado de sostener la acusación en la audiencia que se realizará e l2 de agosto. Para Graciela López de Filoñuk, que instruyó la causa, ha quedado probado que Flores asesoró al denunciante “en la obtención de su beneficio jubilatorio cuando en forma simultánea se encuentra prestando servicios en la Anses”.

La abogada ingresó al Anses en 1982. Llegó a ser Coordinadora del Servicio Jurídico hasta 2002 y en el momento de los hechos se desempeñaba como jefa de la Unidad de Atención Integral (UDAI) 1, la oficina con más empleados y que más casos atiende del país.

En su defensa, Flores decidió atacar al denunciante. Dijo que obedecía a “discriminación política e ideológica” de agrupaciones kirchneristas. Su jefe por entonces y quien impulsó la denuncia una vez que el taxista se quejó ante las autoridades, era el actual juez federal Hugo Vaca Narvaja. Durante su indagatoria se reconoció como militante de Unión Por Córdoba cercana a Alejandra Vigo, y se desempeñó como directora de Ejecución de Programas del Ministerio de Desarrollo Social, durante el primer mandato de Juan Schiaretti. Según ella, todo se debe a esa diferencia ideológica con su superior.

En la investigación, Filoñuk determinó que las diferencias políticas “no arrojan elementos determinantes para la causa” y consideró que existen pruebas suficientes, tanto testimoniales, como surgidas de pericias, que sostienen la acusación.

PRUEBAS

Moises Capogrossi, el taxista que realizó la denuncia, acudió al estudio de Flores recomendado por un pasajero, en octubre de 2010. Flores le habría ayudado a conseguir el turno (que se otorgan desde el Anses) y a presentar la documentación correspondiente. Pese a las gestiones, el trámite jubilatorio de Capogrossi se demoraba. Pasados los meses, el hombre vio varias veces a la abogada en su estudio. Viendo que el trámite no avanzaba, consultó con una vecina que también trabaja en ANSES y le comentó que su abogada era Marcela Flores: así fue como salió a la luz.

Para la fiscal, tiene “particular relevancia el archivo de Word extraído de la computadora secuestrada del estudio” personal de Flores, donde constan trámites realizados ante la AFIP.

Otras tres personas declaran haber sido asistidos por el estudio de Flores desde 2007. Uno de ellos contó que “siempre fue atendido por la Dra. Flores, que ésta le hacía firmar los escritos pero que suponía que era ella quien luego iba a firmar como abogada”, pero que llamó la atención que fuera otra persona quien figurara como abogado patrocinante. Según la causa, “Flores fue a pedirle disculpas por todo el tiempo transcurrido y por no haber hecho nada del trámite que ella le dijo haber realizado, y le solicitó que le diera dos meses para sacar ese trámite que se vencía en diciembre de 2012, manifestándole que trabajaba en la ANSES, que tenía un cargo en legales de dicha administración y que posiblemente le dieran otro cargo de mayor jerarquía”.

El es el primer caso que llega a instancias de juicio oral. En el edificio de ANSES, algunos empleados que comparten a diario la dinámica de trabajo aseguran que es una práctica reiterada entre los abogados del organismo: ejercen una doble función -penada por la ley y por el reglamento disciplinario interno-  a cambio de dinero. Señalan incluso (aunque eso no consta en la causa penal) que algunos expedientes jubilatorios son “pisados” para generar mayor retroactividad.

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