El legislador del Frente Cívico, Juan Pablo Quinteros, criticó el anunció de la empresa Aguas Cordobesas sobre la colocación de medidores de agua potable domiciliarios durante este año y 2018.

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El legislador provincial del Frente Cívico, Juan Pablo Quinteros, aseguró que “a los cordobeses se les sigue robando con la colocación de medidores. El gobierno y la empresa  lo anuncian como un hecho positivo, cuando en ningún caso genera un beneficio a los usuarios ni incentiva al ahorro del recurso, que es el objetivo principal de un plan de medición masivo”. Las críticas del parlamentario se producen luego del anuncio de la Empresa Aguas Cordobesas S.A. sobre la colocación de 5.000 nuevos medidores en el corriente año y 15.000 en el transcurso del 2018.

“Todo usuario -dice Quinteros- que se encuentre en el régimen medido pagará por el servicio, como base libre 25m3, esto es lo mismo que paga aquel usuario que no tiene medidor. Por tanto no le genera ahorro alguno al usuario el cuidado del recurso ni se incentiva, con la colocación de los medidores, a ello. No sólo esto, sino que se le cobrará un excedente si supera la base libre”.

El legislador juecista agregó que “la pésima renegociación del contrato de noviembre de 2006, estableció una base libre de consumo de las más altas del mundo, lo que le asegura a la prestadora cobrar por 25m3 a todo usuario cuando solo 1 de cada 3 lo supera. Esto hace que en la actualidad un usuario tenga una facturación mensual superior a los $300, aunque no utilice el recurso. Sin abrir una canilla, los usuarios de Aguas Cordobesas pagan más de 3500 pesos anuales sólo por tener conexión al sistema”.

Sin abrir una canilla, los usuarios de Aguas Cordobesas pagan más de 3500 pesos anuales sólo por tener conexión al sistema. 

Quinteros dijo por último, que “según el Contrato de Concesión, los medidores sólo se pueden cobrar en caso de: 1) Solicitud expresa del usuario, 2) Expansión de la red y 3) Renovación del medidor (7 años de vida útil). El ruinoso contrato renegociado en 2006 dejó al usuario absolutamente indefenso frente a la empresa prestadora del servicio. En el contrato renegociado, la prestadora sólo tiene obligación de mantener las redes y garantizar el suministro de agua potable, quedando todas las otras obligaciones a cargo de la provincia. Al momento de discutirse la colocación de medidores, método expandido en todo el mundo, la empresa Aguas Cordobesas se ciñó a la letra del contrato y desde la provincia se expresó que no podía hacer frente a la erogación que ello significaba, entonces pasó lo que tenía que pasar y el hilo se cortó por lo más delgado: fueron los propios usuarios, tuvieran o no medidor, los que debieron afrontar el pago de un cargo del 18% para lo que debía ser una obligación contractual de la prestadora. Este es el legado que nos deja la concesión del servicio de agua potable en la ciudad de Córdoba al Grupo Roggio”.

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