En la 20ª sesión ordinaria del 147° período legislativo de 2025, la Legislatura de Córdoba aprobó el proyecto del Ejecutivo provincial sobre la Cuenta de Inversión correspondiente al Ejercicio Financiero 2024. La iniciativa fue apoyada por el bloque oficialista y cuestionada por los bloques opositores.
El legislador Ricardo Sosa fue el vocero del gobierno sobre la ejecución del Presupuesto de la Administración Pública. Posteriormente, los legisladores Edgardo Russo y Leonardo Limia también defendieron el proyecto del Ejecutivo provincial.
Desde la oposición, hubo críticas de los legisladores Brenda Austin, Walter Nostrala, Oscar Tamis, Dante Rossi, Rodrigo Agrelo, Agustín Spaccesi, Luciana Echevarría, Gregorio Hernández Maqueda, Miguel Nicolás, Walter Gispert y Alejandra Ferrero.
Sosa planteó que el 2024 “fue un año complejo para la Argentina en décadas: una economía que cayó 1,3%, una inflación anual promedio del 220 por ciento y una caída del 76% real en las transferencias de la Nación a las provincias. Ese triple shock hubiera sido devastador para cualquier administración que no tuviera sus cuentas en orden y una estrategia fiscal sólida”.
En la misma línea, remarcó que “Córdoba volvió a demostrar su capacidad de gestión, su capacidad de administrar con responsabilidad, equilibrio y una mirada estratégica orientada al desarrollo de nuestra provincia”. Y añadió: “La Cuenta de Inversión 2024 cumple la ley y demuestra que Córdoba sigue siendo una provincia seria, ordenada y comprometida con su gente”.
Posteriormente, el legislador peronista precisó que Córdoba tuvo superávit corriente de 1,4 billones de pesos, equivalente al 18 por ciento de los ingresos corrientes. También señaló que el superávit fiscal final fue de 381.568 millones de pesos y que se logró una reducción del stock de deuda en más de 68 millones de dólares, medidos en moneda de diciembre de 2024. Asimismo, mencionó que la obra pública sostenida representó el 14 por ciento del gasto total y ascendió a 1,06 billones de pesos.
También apuntó que “en sintonía con la caída de los ingresos, el gasto total también se ajustó, registrando una reducción del 12 por ciento en términos reales respecto al año anterior, lo que demuestra un estricto control de las erogaciones”.
En este aspecto, el legislador enumeró cómo se distribuyó el gasto total: 34% personal (pago de sueldos a empleados públicos); 18% jubilaciones y pensiones; 15% gasto de capital (construcción y mantenimiento de obras públicas e infraestructura); 14% transferencias al sector público (fondos que la Provincia distribuye a municipios y comunas); 11% bienes y servicios (insumos para hospitales, escuelas y combustible); y 8% otros (transferencias a entidades privadas y pago de intereses de la deuda).
TRABAJO SOCIAL
Durante el transcurso de la sesión se aprobaron dos proyectos presentados por los legisladores Matías Chamorro (Partido Socialista – Provincias Unidas), y Miguel Siciliano y Nadia Fernandez (PJ – Provincias Unidas) sobre la actualización de la Ley de Ejercicio Profesional y de la Ley de Colegiación de trabajadores sociales, ambas vigentes desde hace 40 años. Las nuevas normas modernizan el marco legal de la profesión desde una perspectiva de derechos humanos y justicia social, y fortalecen la estructura del Colegio de Profesionales en Servicio Social de la Provincia de Córdoba (CPSSPC).
“Lo que acabamos de aprobar representa una actualización necesaria para una de las profesiones más importantes del sistema de protección social. En un contexto de crisis, ajuste y recesión provocado por las políticas del Gobierno Nacional, con más de 20.000 empresas que cerraron y 276.000 empleos formales perdidos, las trabajadoras y trabajadores sociales sostienen todos los días a las familias en los territorios. Su tarea es clave en estos tiempos tan difíciles que nos toca atravesar a las y los Argentinos”, destacó Chamorro.
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